Recientemente, circuló una noticia en redes sociales que generó preocupación en el sector inmobiliario: se afirmaba que el Gobierno de la Ciudad de México había modificado un artículo de la constitución local para otorgarle el derecho de expropiar propiedades sin justificación. Esta información, sin embargo, es falsa y ha causado confusión entre propietarios y profesionales inmobiliarios. En este artículo, aclaramos qué cambios se hicieron, en qué casos puede el gobierno intervenir en la propiedad privada y cómo afecta esto a los inversionistas y propietarios en la CDMX.

El cambio

La confusión se originó a partir de una homologación que el Gobierno de la Ciudad de México hizo en su constitución para alinearse con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este cambio no introduce nuevos mecanismos para expropiar propiedades, sino que refuerza el marco legal que ya existía a nivel federal. Es decir, se ajustó el texto para que esté en sintonía con la normativa nacional, pero en ningún momento se otorgaron poderes adicionales al gobierno local para expropiar inmuebles sin justificación legal.

El derecho de expropiación sigue estando limitado a circunstancias específicas, como obras de infraestructura de interés público o situaciones de emergencia que lo ameriten, y siempre se debe cumplir con un proceso legal que incluye indemnización al propietario afectado. 

La expropiación por parte del gobierno

La expropiación es un mecanismo legal que permite a las autoridades tomar posesión de una propiedad privada, pero sólo bajo circunstancias muy específicas y justificadas. De acuerdo con la ley mexicana, las razones para expropiar una propiedad deben estar basadas en causas de utilidad pública. Algunos ejemplos incluyen la construcción de carreteras, hospitales, escuelas o proyectos que beneficien al bienestar de la comunidad.

En todos los casos, la expropiación debe cumplir con un procedimiento legal estricto como lo es notificación, indemnización y oportunidad de defensa. Por lo tanto, la idea de que el gobierno pueda quitarle una casa a un ciudadano sin razón alguna es totalmente infundada y contradice los principios legales establecidos tanto en la constitución nacional como en la local.

Importancia del ajuste constitucional

Para los profesionales del sector inmobiliario, es crucial tener claridad sobre las regulaciones y leyes que rigen la propiedad privada y la expropiación. La difusión de información falsa o tergiversada puede generar miedo y desconfianza entre los inversionistas y propietarios, afectando las decisiones de compra y venta de inmuebles.

Los cambios realizados en la constitución de la CDMX no deberían ser motivo de preocupación para los agentes y asesores inmobiliarios. Al contrario, la homologación asegura que las autoridades locales están alineadas con el marco normativo nacional, lo que brinda mayor certeza jurídica y confianza a quienes invierten en el mercado inmobiliario de la ciudad.

En GIZP, recomendamos siempre mantenerse informado y buscar fuentes confiables antes de tomar decisiones o compartir información con los clientes. La seguridad jurídica y la confianza son elementos esenciales en el sector inmobiliario, y tener un conocimiento claro de las leyes vigentes fortalece la credibilidad y profesionalismo de cualquier asesor.

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