Al inicio del presente sexenio, comenzó a hablarse sobre el problema inmobiliario en Santa Fe, hay dos posiciones que debaten y ponen en tela de juicio la validez de la otra. Vamos por pasos, queremos hablar de cómo surge esta controversia, las acciones que se han tomado y las posibles afectaciones a los vecinos. 

¿Cómo surge el problema inmobiliario en Santa Fe?

En 1893, el presidente Porfirio Díaz promulga la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos en la que se establece el derecho de los habitantes de adquirir este tipo de espacios, para el año de 1902 decide que se deroga, pero da pie para la celebración de convenios con particulares con fines de explotación, en esta privilegia a compañías nacionales y extranjeras para su aprovechamiento. 

Tiempo más tarde hay nuevas modificaciones a la constitución que dejan sin efecto estos decretos, como la de 1917 que reconoce el derecho de propiedad. En el gobierno actual, se comienza la construcción del Parque Nacional de Justicia en dicha zona, por lo que se solicita a los ocupantes el desalojo pacífico de esta área dando origen al problema inmobiliario en Santa Fe. 

Las dos posturas

En primer lugar, los ocupantes de estos terrenos comentan que en 2019 el INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales) solicita de manera ilegal al poder judicial que todos los actos mercantiles celebrados desde 1902 en la zona queden sin efecto, esto incluye compraventa, sucesiones testamentarias, traspasos de dominio, entre otros.  

Muchos vecinos, aseguran que es una zona en la que el gobierno tiene interés especial debido a la plusvalía y valor económico que poseen, por lo que se trataría de un despojo injusto violatorio del código penal federal, poniendo en riesgo la seguridad inmobiliaria de miles de personas.

El gobierno federal, por su parte, sostiene que son los grandes inversores los que tergiversan la información, que no existe una persecución directa a los habitantes, sino a aquellos individuos que aseguran poseer la legalidad de esos terrenos y que, con conocimiento de los hechos, vendieron a terceros estas propiedades. 

Lo que debemos entender

Ambas posturas, resultan sólidas en sus argumentos, sin embargo, la afectación directa es para aquellas personas que decidieron invertir en un inmueble en alguna de las 53 hectáreas que requiere el gobierno. Hay que saber que no se trata de una expropiación, no se habla de una utilidad pública para los mexicanos, por lo tanto, no existe una indemnización, dejando en desamparo a miles de vecinos en lo que parece que será un tortuoso y largo juicio.