La expropiación controlada en la CDMX ha cobrado relevancia tras varios decretos recientes del gobierno capitalino que buscan atender la crisis habitacional, estructural y de espacio urbano mediante la intervención en propiedades particulares. En este blog examinaremos los casos más recientes, sus fundamentos legales, las condiciones bajo las cuales se ejecutan estas expropiaciones y los retos y oportunidades que para los profesionales inmobiliarios representan estos cambios.

Casos recientes

Un ejemplo clave lo encontramos en la administración de Clara Brugada, en la cual entre el 9 y el 13 de mayo de 2025 se decretaron ocho inmuebles expropiados en las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Estas propiedades, que suman poco más de 2,165 metros cuadrados, serán destinadas a vivienda social a través del Instituto de Vivienda (INVI).

En otro decreto del 14 de mayo, fueron expropiados cinco inmuebles con superficies que en conjunto suman alrededor de 1,534 metros cuadrados, también en Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, con la finalidad de transformarlos en vivienda popular y económica. 

Los medios detallan que algunos de estos inmuebles estaban deteriorados o con riesgo estructural, lo cual los hacía peligrosos para los ocupantes y para el entorno urbano. En ciertos casos, los ocupantes solicitaron la intervención gubernamental, buscando que el Estado los expropie para proveer vivienda digna. 

Legislación y condiciones legales que sustentan la expropiación

Para entender cómo y cuándo procede la expropiación controlada en la CDMX, es necesario revisar los marcos legales que regulan estos actos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, establece que la expropiación sólo podrá hacerse con causa de utilidad pública y mediante indemnización. 

A nivel local, la reforma reciente de la Constitución de la CDMX ha ajustado el reconocimiento al derecho a la propiedad, alineándose explícitamente con ese artículo 27 constitucional. Con ello se busca asegurar que los procedimientos expropiatorios respeten el derecho a la propiedad, siempre que haya indemnización justa. 

Requisitos para los inmuebles expropiados

Utilidad pública: Los inmuebles deben servir a un interés colectivo, como vivienda social, mejoramiento urbano, sustitución de viviendas inseguras, etc. 

Riesgo estructural o deterioro físico: En muchos decretos se señala que los edificios presentan condiciones de riesgo que afectan la seguridad de los ocupantes y del entorno. 

Acreditación jurídica: Los propietarios o poseedores deben acreditar su derecho, en los casos en los que exista litigio, hay carga legal para demostrar la propiedad, posesión o causahabiente. 

Indemnización justa: El gobierno debe pagar compensación económica a los propietarios afectados, conforme al avalúo correspondiente. 

¿Por qué se impulsa ahora la expropiación controlada en la CDMX?

Hoy en la Ciudad de México hay una gran necesidad de vivienda social y popular, el precio del suelo urbano sigue subiendo. Por eso, el gobierno busca formas de asegurar terrenos para construir casas más accesibles. También influyen motivos de seguridad, muchos edificios están dañados o deteriorados y representan un riesgo para quienes los habitan, por lo que la autoridad tiene que intervenir.

A esto se suman compromisos políticos y programas de vivienda. Por ejemplo, en la administración de Brugada se ha anunciado más presupuesto para vivienda, compra de suelo y mejoramiento urbano. Finalmente, las nuevas regulaciones han aclarado los derechos de propiedad y las normas de expropiación, lo que da un marco legal más sólido para aplicar estas medidas.

Retos y oportunidades para profesionales inmobiliarios

Las políticas actuales plantean tanto desafíos como posibilidades para el sector. La incertidumbre jurídica en inmuebles en litigio exige mayor revisión antes de invertir. Cambios en el uso de suelo por decretos de utilidad pública pueden modificar el valor de los predios. Además, se requieren costos adicionales para cumplir con dictámenes técnicos y monitorear el marco legal.

Por otro lado, hay espacio para asesorar legal o técnicamente a propietarios afectados, colaborar con el gobierno en programas de vivienda, desarrollo urbano y detectar inmuebles en abandono con potencial de rehabilitación antes de que sean intervenidos por el Estado.

Implicaciones para profesionales inmobiliarios

La expropiación controlada en la CDMX emerge como una estrategia activa del gobierno capitalino para responder simultáneamente a la crisis de vivienda, al deterioro urbano y al derecho a la seguridad de los habitantes. Los decretos recientes muestran que, aunque algunos inmuebles están en litigio o bajo disputa, lo crucial para la autoridad es fundamentar la medida en la utilidad pública, el riesgo estructural, acreditación jurídica y la indemnización debida. Para los profesionales inmobiliarios, el entorno exige mayor escrutinio legal y técnico, pero también abre espacios para colaborar y proveer soluciones innovadoras.

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